Burocracia sobre ruedas...

Cuba, una tierra dominada por vetustos “almendrones”, y autos de obsoleta fabricación soviética como Ladas y Moskvitch, acaba de empezar a abrirse al mercado automotor moderno.
Hasta hace poco tiempo, los cubanos solo podíamos comprar y vender los modelos existentes de antes del Triunfo de la Revolución, casi todos de manufactura estadounidense, los popularmente llamados “almendrones”.
En respuesta a la creciente demanda popular, desde octubre pasado las autoridades permitieron la compra y venta de autos modernos, así como la capacidad de poseer más de un carro, sin importar el año en que fueron fabricados.
Pero el progreso logrado gracias al Decreto 292 del Consejo de Ministros se ha visto entorpecido por la degradante acción del burocratismo. Como primer eslabón de la cadena aparecen las regulaciones y trabas que fueron impuestas al proceso de adquisición o transmisión de la propiedad de vehículos.

El documento oficial emitido dejó establecidos tres grandes grupos de ciudadanos: quienes podrán comprar un auto totalmente nuevo, los que únicamente podrán adquirirlo de otro cubano y los que se deben contentar con alquilar uno.

Solo podrán conseguir carros completamente nuevos en entidades comercializadoras, los cubanos que obtengan ingresos en divisas o pesos convertibles por «su trabajo en funciones asignadas por el Estado o en interés de éste».
Esta distribución, que pone en duda el respeto a la igualdad de oportunidades, no esclarece por qué un médico que lleva ahorrando toda su vida (no importa si ha salido de misión internacionalista o no), no puede comprar un auto con 0 kilómetros recorridos, mientras un músico de moderado renombre puede hacerlo con total efectividad y cuando lo desee.
Pero más allá de la diferencia que establece la legislación entre los ciudadanos, el verdadero problema radica en las reglamentaciones que estrechan, y casi asfixian, las posibilidades de adquirir un vehículo.
Según el texto publicado en la Gaceta Oficial de la República, en su edición extraordinaria número 31, solo se podrá comprar un auto con una autorización del Ministerio de Transporte, la cual solo se le entregará «una vez cada cinco años» a una misma persona.
Además, la cantidad de ventas semanales está limitada a solo 20 automóviles modernos, lo que ralentiza demasiado el proceso para quienes no estén muy «adelantados en la cola». Restricción esta en la que juega un papel determinante la escasa presencia de empresas comercializadoras foráneas en Cuba.
Esta serie de limitaciones producto de la burocracia institucional, han derivado (como era de esperarse) en un complejo laberinto de ilegalidades y subterfugios, muy útil para quienes desean evadir los obstáculos establecidos a la compra, y para los funcionarios que han visto en ellos una posible fuente de lucro.
Estos empleados-parásitos están en toda la disposición del mundo a facilitarle los trámites, agilizar su espera, e incluso conseguirle una autorización “en regla” para que usted pueda adquirir su carro, pero ¿a qué precio?
Cuando uno «arriesga su puesto de trabajo» está obligado a exigir una alta remuneración por ello, ¿no es así? Pues las jugosas recompensas que se llevan a sus bolsillos estos personajes llegan a alcanzar los 500 pesos convertibles por cada «caso resuelto», lo que representa 40 veces más el salario promedio de un trabajador cubano.
Es cierto que las costos de su servicio pueden llegar a ser bastante flexibles, pero esto no justifica que exista una parte del sector administrativo enriqueciéndose por algo tan ilógico como los excesos regulatorios impuestos sobre la ley para la compra-venta de automóviles, cuando las transacciones de inmuebles se han convertido en un proceso tan sencillo.
Se hace imperioso soltar un poco las amarras del barco, relajar los excesos de control innecesarios, y de esta forma cortarle las alas a esos funcionarios que se dan a la buena vida aprovechándose de la necesidad de sus congéneres. Al mismo tiempo, es ineludible abrir más el país a las firmas extranjeras, para así lograr satisfacer la amplia demanda que existe en el mercado automotriz cubano.
Por el momento, los cubanos de a pie seguiremos en nuestro transporte público, «luchando nuestras botellas», y esperando por el día en que se le ponga freno a toda esa burocracia que aún marcha sobre ruedas.

Te quiero... ya no te quiero

En Cuba 64 de cada 100 matrimonios acaban en divorcio según los últimos datos publicados por el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana (CEDEM), siendo este el índice de divorcialidad más alto de América Latina.

La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) informa que la proporción entre divorcios y matrimonios casi se triplicó desde 1970, cuando solo 22 de cada 100 uniones terminaban disueltas. Es un fenómeno relacionado a la proporcional disminución de la tasa de nupcialidad cubana, la cual experimentó un pico entre 1991 y 1992, luego de lo cual comenzó un acelerado descenso que se mantiene hasta nuestros días.

En la actualidad cerca del 35% de la población cubana es casada, y existe una alta tasa de uniones sin papeles oficiales (consensuales), pero el promedio de duración marital es solo de 10 a 15 años, considerados como enlaces poco duraderos.

La publicación del CEDEM titulada Cuba: Población y desarrollo refiere como posibles elementos explicativos los cambios ocurridos en la posición social de la mujer a partir de 1959 que se materializaron en la elevación de su nivel cultural, su mayor participación en el empleo con la consecuente independencia económica, y la mayor aceptación social de la condición de divorciada.

“Ya las mujeres no dependen tanto del matrimonio como antes del triunfo revolucionario, cuando era imprescindible que se casaran para obtener posición y sustento. Ahora vemos como una fémina puede llevar perfectamente su casa y su vida profesional, e incluso encargarse por sí sola de la crianza de los hijos”, refirió Eduardo O’Farrill León, jubilado de 70 años.

Los investigadores coinciden en reconocer como causas generales de este fenómeno social, el hacinamiento de varias generaciones en un mismo hogar, las malas condiciones constructivas de las viviendas y los problemas económicos y sociales, además de la violencia doméstica y los conflictos de comunicación en la pareja.

Mayra Vázquez, divorciada ya tres veces, afirma que dos de sus relaciones terminaron por problemas de convivencia relacionados con los padres de sus esposos, y en su opinión este es un aspecto importante para que un matrimonio funcione.

“Una pareja necesita de su propio espacio, de su privacidad. El amor y la comprensión son fundamentales, pero se hacen insignificantes cuando no existen las condiciones materiales mínimas necesarias para una unión conyugal”, comenta.

La psiquiatra Ileana Trevín considera que el incremento del número de divorcios es un factor preocupante en nuestra sociedad, que se debe en gran medida al matrimonio en edades cada vez más jóvenes, la ausencia de preparación de los individuos para asumir la relación de pareja, la mutua incomprensión, la falta de afinidades y proyectos comunes, los celos y la infidelidad.

Sin embargo, no todos los especialistas ponen cara de preocupación ante el hecho, y tampoco una parte de los habitantes de Cuba lo ve con los tintes de drama que acompañara a dicho suceso en épocas pasadas.

La doctora Patricia Arés Muzio, de la facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, subraya en su investigación Género, pareja y familia en Cuba. Conservación de una identidad cultural o creación de nuevos valores, que a pesar del incremento de divorcios y de otros indicadores que hoy signan la vida de los hogares, “el concepto de familia en nuestro país no está en crisis, sino más bien los modelos tradicionales transmitidos a través de la cultura, los que ya no son funcionales a las demandas de la sociedad actual.”

“La idea del matrimonio como destino para toda la vida o «hasta que la muerte nos separe» ha sido sustituida por la de un proyecto en común que durará lo que dure el amor”, sentencia la doctora María Elena Benítez Pérez, del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, en su investigación Cambios sociodemográficos de la familia cubana en la segunda mitad del siglo XX.

A tal punto hoy deja de concebirse el divorcio como asunto traumático, que aunque las separaciones se incrementan, también lo hace el número de personas que deciden volver a casarse luego de un primer y hasta de un segundo rompimiento. De ahí que, como asegura la doctora Benítez, “el matrimonio ha perdido estabilidad, pero no su atractivo”.

“Divorciarse en Cuba no tiene las mismas implicaciones que en otras geografías, donde quedan en juego propiedades o pensiones vitalicias. En otras sociedades una boda es también un contrato legal que, en caso de ruptura obliga a proteger y compensar económicamente al cónyuge más desfavorecido por la separación, adjudicar préstamos o deudas pendientes y dar fin al régimen económico matrimonial.”

La disolución marital se estableció oficialmente en Cuba en 1917 cuando se dictó la Ley del divorcio vincular. Con anterioridad, este era canónico y establecía la separación solo de los cuerpos, nunca del vínculo conyugal.

Este suceso fue bastante precoz para nuestro contexto histórico, ya que en América Latina no era todavía algo aceptado, por lo que Cuba puede compararse con países como Francia y Estados Unidos. Otros países como Italia y España no admitieron el divorcio hasta la década de 1980, cuando lo permitió la Iglesia Católica.